Alcalde es denunciado por arrendamiento irregular de camiones

Cantidades en contrato confusas y dudosas

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TIJUANA, EP, 24/05/2017.- Ante la Sindicatura Procurador, los regidores emanados del Partido Encuentro Social (PES) presentaron hoy una denuncia en contra del alcalde, Juan Manuel Gastélum Buenrostro, de la oficial mayor, María de los Ángeles Olague Contreras y del jefe del departamento de adquisiciones, José Luis Gil Laborín, del XXII Ayuntamiento porque aseguran que han violado el artículo 57 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Al filo de las 10:00 horas de este miércoles, los regidores Manuel Francisco Rodríguez Monárrez, José Manuel de Jesús Ortiz Ampudia y Mónica Juliana Vega Aguirre, se presentaron en las oficinas de la Sindicatura para entregar por escrito la denuncia, misma que destaca la nula emergencia para que se tuviera que rentar camiones para prestar un servicio a que obliga en artículo 115 Constitucional.

El documento, del cual obra una copia en poder de quien esto escribe, señala que transgredieron formalidades legales en la adjudicación del contrato de renta de camiones para la recolección de basura y consideran que por no ser una emergencia esa determinación lo había de decidir todo el cabildo para que fuera licitada la firma del contrato.

En cuanto a los hechos, dicen que “con fecha cuatro de mayo de dos mil diecisiete, y obligada por los tiempos fatales que marca la Ley de Transparencia del Estado, la Unidad de Transparencia del Municipio de Tijuana, reveló después de la negativa expresa de al menos un funcionario público municipal, alegando una cláusula de confidencialidad con un particular, información relevante de interés general sobre el cómo y bajo qué condiciones contractuales el Ayuntamiento de Tijuana pactó fuera de procedimiento legal al menos tres contratos de arrendamiento adjudicados de forma directa, sin que mediara decreto alguno de emergencia o fuerza mayor por parte del Ayuntamiento.

Agrega, “que durante un lapso de seis meses, que comprenden del primero de diciembre de dos mil dieciséis al veintitrés de mayo de dos mil diecisiete, los demandados manifestaron públicamente inconsistencias graves y versiones contradictorias sobre las condiciones de contratación que bajo una supuesta situación de emergencia se giró instrucciones a los integrantes del comité de adquisiciones para que ejecutaran, vía el jefe del departamento de aquisiciones del Ayuntamiento, C.P. José Luis Gil Laborín, la adjudicación directa sin que medie declaratoria de uno o varios contratos de arrendamiento en favor de la empresa GRUPO TURBOFIN S.A.P.I de C.V. y sus filialres, y cuya adjudicación está afectada de nulidad ya que el procedimiento no se sustenta con documento público emitido por autoridad competente, como lo es el cabildo, en relación a un caso fortuito o de fuerza mayor que haya afectado la salud pública de los tijuanenses en el mes de diciembre de dos mil dieciséis, fecha en que fue anunciada a la comunidad la intención de arrendar bienes privados para brindar el servicio público de recolección de basura, que expresamente marca la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 115, por parte del Presidente Municipal de Tijuana, C. JUAN MANUEL GASTELUM BUENROSTRO.

El documento entregado y recibido por la Sindicatura municipal, agrega: “que en repetidas ocasiones ambos servidores públicos han dicho que el contrato se firmó a partir del primero de abril de dos mil diecisiete y hasta el último día del mes de diciembre del mismo año, con opción a prórroga por la cantidad de 68 millones de pesos más impuestos para quedar en 79 millones de pesos pagaderos a partir de esa fecha en parcialidades de 5.8 millones de pesos.

El problema, es que ésta información tampoco es consistente.

“Ya que para alcanzar la cifra de tan sólo el capital principal acordado de 68 millones en los meses citados por ambos servidores tendrían que desembolsar 7.5 millones de pesos y no los 5.8 expresados, ya que para que 5.8 millones mensuales sumen 68 millones de pesos se requieren que transcurran al menos 12 meses, por lo que hace fácilmente asumir que aquí opera el dolo, el engaño, la mala fe y la administración fraudulenta, así como el delito de abuso de autoridad, estatuido en el arábigo 293, fracciones III, V y VI del Código Penal para el Estado de Baja California.

“Además los servidores públicos desde el mes de febrero de dos mil diecisiete y hasta la fecha en que se hizo público la información por Transparencia Municipal, aseguraban que el arrendamiento sería de 3.4 millones de pesos mensuales por 60 unidades, y ahora se habla de 52 camiones a 5.8 millones mensuales aunque esta información tampoco cuadre.

“Asimismo, el hecho de que los primeros SIETE camiones recolectores de basura arrendados por funcionarios de éste Ayuntamiento de Tijuana, fueran presentados por primera vez ante la sociedad tijuanense el día VEINTIUNO de mayo del DOSMILDIECISIETE, es decir, SEIS meses después de la supuesta emergencia del pasado diciembre de dos mil dieciséis, demuestra que no existía el falso sentido de emergencia previsto en el Artículo 20 del Reglamento de Adquisiciones, Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana”.