Declaran la guerra organismos civiles al gobernador y al Congreso

Obligarán al Congreso a aprobar Ley Ciudadana y no la que les envió el gobernador También exigen la abrogación de las APPs y el Decreto 57 La administración de Kiko Vega sinónimo de corrupción Advierten que pronto habrá de estar como Duarte y Padrés

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TIJUANA, EP, 2/06/2017.- Organizaciones de la sociedad civil le declaran una férrea lucha al gobierno y al Congreso en la que buscan obligar al gobiernador el esclarecimiento para conocer el paradero de una gran cantidad de recursos económicos, además de exigir al Congreso para que abrogue las Asociaciones Públicas y Privadas (APP) por considerar que Baja California no es de ellos y piden que toda ley que se busque crear, primero tiene que ser consensuada.

En la reunión denominada “Ciudadanos de Baja California en Defensa del Agua y Combate a la Corrupción”, las organizaciones denominadas Mexicali Resiste, Comité de Defensa del Agua, A.C., Tecate en Pie de Lucha y Tecate Unido, además Mexicali Aguanta/Ensenada se Levanta y Célula 646; también Resistencia Rosarito y el Comité de Organizaciones Independientes (COCI) fijaron su postura en contra de las intenciones del gobernador por privatizar el agua en la entidad.

Es importante señalar que además de las organizaciones arriba citadas estuvieron presentes muchas otras más que se sumaron al acuerdo que fue reiniciar el movimiento civil, similar al que hicieron “los héroes que nos dieron Patria”, para evitar y exigir que el servicio de agua sea considerado como un derecho humano y que haya una “total” transparencia en el manejo de los recursos públicos, “porque es dinero de todos”.

El objetivo de la reunión, fue dar a conocer las acciones que se han llevado a cabo y que habrán de implementarse para impedir que el agua se privatice y evitar que se continúen con actos de corrupción de parte del gobierno de Baja California, tales como promover una Ley Ciudadana del Agua, derogar la Ley de APPs y derogar el Decreto 57 y que sean los ciudadanos quienes propongan y elijan al Fiscal Anticorrupción en la entidad.

La introducción estuvo a cargo del licenciado Carlos Atilano Peña, de la COCI, quien hizo hincapié en la necesidad de que el gobierno declare el servicio del agua como un derecho humano y exigirle al primer mandatario de la entidad una explicación sobre el paradero de recursos económicos que estaban destinados para el pago a maestros, recursos que destina la federación para seguridad y que no se sabe en dónde han sido empleados.

Atilano Peña, también destacó que la reunión tiene como objetivo exigir a todos los cinco ayuntamientos del estado, que se cumpla con lo estipulado en el artículo 115 Constitucional, donde claramente señala que son ellos quienes tienen que administrar el servicio a los ciudadanos, pero además, destacó que pedirán al Congreso que se someta a votación para su aprobación la Ley Ciudadana que ya entregaron a ese cuerpo colegiado y del cual estarán muy vigilantes para evitar que la congelen.

Los representantes de organismos de la sociedad civil de Playas de Rosarito y Tecate reafirmaron lo antes descrito, pero hicieron el firme compromiso de sumarse a todo el movimiento ciudadano para obligar al gobernador y al Congreso a respetar la decisión de los bajacalifornianos y advirtieron que no aceptarán imposiciones ni del gobernador ni de los diputados que integran la Cámara de Diputados en Baja California.

En su oportunidad, el ingeniero Modesto Ortega Montaño, quien estuvo al frente de la Comisión Estatal de Servicios Públicos, al inicio de la administración de Francisco Vega de Lamadrid, hizo uso de la palabra y reveló que al momento de conocer de la inversión de la empresa cervecera en Mexicali, fue informado para la construcción de un acueducto para abastecer a citada empresa Costellation y, de la cual él mismo le aconsejó que no lo aprobara.

Ortega Montaño, dijo que pese a esas recomendaciones, Kiko Vega, dijo que lo haría “y a ver cómo salgo”. Aclaró que uno de los motivos de su salida del gobierno actual fue ese, que no estuvo de acuerdo en algunas decisiones que tomaba el gobernador porque consideraba iban en perjuicio de los ciudadanos, sin embargo, lo dicho por las autoridades fueron otras a las cuales no quiso referirse.

En su oportunidad, el ingeniero Rigoberto Campos de Mexicali Resiste, fue más claro sobre el levantamiento de los mexicalenses en contra de las decisiones del actual gobierno, al cual acusó de agravar la situación principalmente de los agricultores del Valle por la falta de agua con su intención de darle prioridad a la empresa cervecera.

Consideró que esta reunión, será el inicio del ciclo en donde se habrá de cambiar las malas decisiones del gobernador, que solamente busca beneficiarse y beneficiar a gentes cercanas a su gobierno porque aseguró que con las APPs, “surgieron empresarios al vapor”, es decir, que antes no existían y que ahora ven la oportunidad de obtener grandes cantidades de dinero.

Se refirió a las desaladoras que ya se construyen y que tienen como principal objetivo encarecer el servicio del agua, además de provocar un grave daño ecológico, porque en el procesamiento del líquido provocará que haya más sal en las costas del pacífico donde la flora y la fauna sufrirá las consecuencias.

Asimismo, dijo que del total del agua procesada para el consumo humano con las desaladoras, el 70 por ciento está destinado para su venta en San Diego y solamente el restante 30 por ciento es lo que utilizarán los habitantes de la Zona costa, pero el total de la deuda que son 31 mil millones de dólares, la tienen que pagar los que habitan en la Zona costa, es decir, Tijuana, Playas de Rosarito y Ensenada.

Hizo un llamado a la unidad de todos los bajacalifornianos para luchar con el propósito de que se enriquezca el gobernador y sus socios, pero también verificar que los recursos públicos se apliquen en forma adecuada para beneficio de todos los ciudadanos.

El ingeniero Campos, consideró que tenemos un “estado fallido”, porque tenemos a unos diputados al servicio del gobernador y un gobernador que solamente vela por sus intereses y no de todos los bajacalifornianos. Advirtió que pronto vamos a ver a Kiko Vega como a Javier Duarte o como Padrés, perseguido o en la cárcel porque hay muchas cosas que dejan ver el alto grado de corrupción en su administración.