Desconocimiento de procedimientos en el actual ayuntamiento

El licenciado Carlos Mejía consideró que buscan responsabilizarlo de algo que no tiene fundamento También consideró que violan sus derechos humanos

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TIJUANA, EP, 11/04/17.- Al considerar que la actual administración municipal lo citó por desconocimiento del procedimiento en torno a la función que desempeñó en el XXI Ayuntamiento, el licenciado Carlos Mejía López, dijo que además de ello violan sus derechos humanos.

A la salida de la oficina de la Sindicatura Procuradora Municipal, a donde acudió a la cita que le hicieron a las 10:00 horas, el ex secretario de gobierno en la administración que encabezó el doctor Jorge Astiazarán, se manifestó confiado en que habrá de salir “bien librado” de la acusación que le hacen.

El inculpado explicó que el gobierno municipal le imputa que incumplió con lo que prescribe la Ley de Entrega-Recepción de los Asuntos Públicos y Recursos Públicos para el estado de Baja California, al no haber, presuntamente, certificado el acta de sesión de cabildo que se llevó a cabo el 29 de noviembre de 2016.

Sin embargo, dijo Mejí López, es importante precisar que la mencionada ley no prevé las funciones del Secretario de Gobierno ni mucho menos la obligación de certificar el acta de sesión de cabildo, por lo que la imputación que le hacen y en que se basa el documento, es deficiente o no procede.

Además, dijo que resulta violatorio de sus derechos humanos el razonamiento al que aduce de manera equivocada o inexacta aduce el secretario de gobierno respecto a la presunta omisión a la notificación de fecha 23 de enero, cuando le solicitaban que se presentara a esa dependencia con la insistencia de que había omitido la certificación del acta de la sesión ya citada arriba.

El ex funcionario municipal, dejó claro que el citatorio que le hacían era con la intención para que certificara el acta de la sesión, sin tomar en cuenta que ya había rebasado el tiempo que le permite hace alguna corrección y por consiguiente él no podía responder a la petición del actual Secretario de Gobierno, puesto que habían transcurrido 56 días de haber dejado la función pública.

El abogado agregó que de acuerdo a la petición que le hacía el Secretario General de Gobierno, si hubiese acatado la petición del gobierno municipal en turno, se habrían configurado los delitos de ejercicio indebido y abandono del servicio público, así como la usurpación de funciones que prevén los artículos 290 fracción II y 318 del Código Penal para el estado de Baja California.