Engañan candidatos al prometer regularizar autos “chocolate”

La única solución es cerrar el paso de esos vehículos por aduanas, reducir el impuesto de importación, ampliar el abanico de marcas y modelos a internarse y combatir el clandestinaje, advierten Fernando Parra Carrillo y Guillermo Rojas

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TIJUANA, EP, 29/05/2018.- El Coordinador del Grupo Especializado en Autos Usados de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Tijuana, Fernando Humberto Parra Carrillo, y el tesorero, contador público Guillermo Rojas Gómez, coinciden en señalar que es imposible regularizar los llamados autos “chocolate” de la noche a la mañana, como lo han dicho algunos candidatos durante su campaña.

En reunión con integrantes de la Asociación Nacional de Periodistas A.C. (ANPAC) y medios de comunicación invitados, ambos directivos de una sección de la Canaco local, calificaron como “engañosa” la promesa de los candidatos en el sentido de “regularizar” los vehículos de procedencia extranjera que ingresaron de manera ilegal al país.

Por principio de cuentas, indicaron, debe establecerse un plan, un presupuesto para subsidio y se tiene que hacer un padrón que puede tardar en integrarse de uno a dos años.

Por lo que corresponde al gobierno federal actual, eso ya es imposible; y en cuanto a las intenciones de los que aspiran a la Presidencia, en realidad “no van a resolver nada, porque más van a tardar en “regularizar”, no se va a abarcar a todos, y seguirán entrando nuevos en condiciones irregulares, si se descuidan, por lo que el problema es un cuento de nunca acabar”, subrayaron.

“El Congreso de la Unión debe autorizar ese tipo de programas, y hoy por hoy son solamente tintes políticos, adornándose con ello todos los candidatos y la experiencia que tenemos en Baja California con el programa Placas BC, del ex gobernador José Guadalupe Osuna Millán, no tuvo éxito, porque precisamente la gente más necesitada fue la que no alcanzó a llegar a las filas que se hicieron”, observó Fernando Parra Carrillo.

“Se aprovechó mucha gente que no tenía tanta necesidad, y se podría decir que se desviaron recursos públicos, porque había coyotes que vendían los pases, a 50 o hasta 100 dólares, y aun así quienes los adquirían obtenían un ahorro de 400 dólares, pero los más necesitados no alcanzaron a regularizar sus unidades”.

“La solución es cerrar las puertas de la aduana, que sea consciente el administrador y no permita la entrada de vehículos irregulares, que bajen los precios de importación a niveles justos, y nos abran el abanico a las marcas y modelos anteriores al 2008, y con eso se acaba este problema que tenemos”.

“No tiene que subsidiar a nadie el gobierno federal, solamente abrir los ojos y atender el problema fronterizo; lo que prometen los candidatos es solamente para captar votos, y lo que hacen es motivar a que más gente vaya a Estados Unidos y se endroguen con vehículos “chocolate” y no van a poder importar nunca”, explicaron los directivos de Canaco.

Se basan, sobre todo, en que el 80 por ciento de esas unidades de procedencia extranjera ya son “chatarra”, con unos 2 años de vida, y representan, por lo tanto, también un problema ambiental, razón por la que no pasarían un “filtro” de regularización.

En ese sentido, también protestaron contra el gobierno municipal, que debería aplicar el reglamento para retirar todos los “autos chocolate” que se expenden en las calles de la ciudad, en algunos casos, como en el Bulevar Cucapah, hasta en fila de lotes.

El reglamento, indican, marca que deben estar con placas vigentes, el propietario con su licencia (estadounidense) vigente y que cuente con seguro contra daños a terceros, o seguro global; y ninguna de esas características tienen los vehículos con placas estadunidenses que se venden en las calles.

Finalmente, admitieron que la problemática de los precios de importación, las limitaciones de cuotas a modelos más recientes y marcas que solamente están en el Tratado de Libre Comercio Estados Unidos-Canadá-México, han orillado a muchos loteros a emigrar a la informalidad, pero seguirán insistiendo en una solución legal, no fantasiosa como la que prometen los candidatos.