Histórico juicio político por falta de transparencia para alcalde y la Síndico

Ocultan información que debe ser pública

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TIJUANA, JUNIO 14, 2017.- Para la regidora Mónica Vega del Partido Encuentro Social (PES) la demanda de juicio político en contra del alcalde de la ciudad, Juan Manuel Gastélum, y la sindico procuradora, Ana Marcela Guzmán Valverde, tiene una connotación histórica puesto que la demanda es en busca de transparencia en el manejo de los contratos que otorga el Ayuntamiento así como investigación en las denuncias que se interpongan en el futuro en un Congreso donde la mayoría la hace el PAN.

Ayer los tres ediles del PES, (Mónica Juliana Vega Aguírre, José Manuel de Jesús Ortiz Ampudia y Francisco Rodríguez Monárrez) ofrecieron una conferencia de prensa ante comunicadores de Mexicali para explicar el fondo de la demanda de juicio político.

Hoy lo hicieron frente a comunicadores de esta localidad, a quienes dieron copia de la primera hoja con sello de recibido el 13 de Junio del 2017, en la que plasman la violación al Reglamento de Adquisiciones, Contrataciones de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana, donde presumen que se asignó un contrato de adjudicación directa que supera el valor que prevé la norma.

Francisco Rodríguez, explicó que «más que una denuncia con tinte político (por tratarse de integrantes de diferentes institutos políticos tanto el alcalde como ellos) lo que la sociedad necesita es un frente común contra la corrupción y llamó a los organismos de la sociedad, como la Coparmex a sumarse ante: «…casos evidentes de defraudación, ante triangulaciones de maquinación fraudulenta administrativa, donde se pagan anticipos de 20 millones para que una empresa sub arriende camiones y se los rente al municipio».

El su oportunidad, el doctor José Manuel Ortiz Ampudia, afirmó que como regidores no se informaron de la licitación o de la renta de los camiones sino hasta que el tema apareció en medios de comunicación, por lo que solicitó transparencia y acceso a la información ante este tipo de casos que por su manejo «altamente reservado» podrían implicar la comisión de algún ilícito.

Cabe hacer mención que uno de los argumentos reales para rentar camiones, en vez de comprarlos, es sin duda la corrupción en talleres municipales durante todas las administraciones pasadas donde no ha habido un control de las partes, aceites, mano de obra en detrimento del erario y con lo que resulta más costoso tener camiones propios que rentarlos.

Rodríguez Monárres, dijo al respecto, con un tono molesto, que si este es el motivo, que se arregle la corrupción dentro de los talleres municipales pero no se den contratos de adjudicación queriendo argumentar que hay una emergencia, subrayó al agregar que jamás se sustentó en el periódico oficial que hubiera una emergencia de salud en la ciudad al no contar el abasto suficiente para la recolección de basura.

Burlón se refirió a la presencia del alcalde en Washington, donde dijo que tal vez funcionarios federales lo enviaron a negociar el Tratado de Libre Comercio, no sin antes dejar en claro que el motivo de la denuncia radica en la falta de transparencia de la Sindicatura Procuradora para transparentar el contrato con la empresa Turbofin.

En la conferencia los regidores estuvieron acompañados por el vocero del Partido Encuentro Social en Tijuana, Aarón Pallares Aceves.