Omisión y negligencia de ex funcionarios deja deuda millonaria

El ex síndico Héctor Magaña Mosqueda aparece como negligente

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TIJUANA, EP, 10/01/2019.- Lo que inició con la promesa de compra-venta de un predio en posesión del gobierno de Baja California, en la que el interesado hizo entrega de un millón de pesos como adelanto, al paso de los años por la vía legal y ahora con responsabilidad al Ayuntamiento local, una de las partes reclama una indemnización de 228 millones de pesos.

El predio actualmente se denomina “La Lanzadera”, ubicada en la llamada 5 y 10 donde Auto Transportes Calfia realizaba operaciones hasta que fue desalojada.

El Gobierno del Estado, en aquella época incumplió en entregar el predio “vendido al particular” y este demandó por 1 millón de pesos. El síndico Héctor Magaña Mosqueda (siendo presidente municipal José Guadalupe Osuna Millán) se hizo aparentemente cargo del caso para quedar en el olvido hasta este 2019 en el que la parte afectada, el particular Ángel Fernández, demanda una indemnización por 228 millones de pesos.

“Pasaron los años y el particular demandó el incumplimiento de la promesa de compra venta por lo que en 2009 llaman como tercero interesado al Ayuntamiento de Tijuana. Magaña Mosqueda asume la calidad de deudor sustituto, que le va a pagar ese millón que se le debía más intereses, pero a final de cuentas eso tampoco se pagó”, declaró la síndico Marcela Guzmán mientras presentaba la denuncia correspondiente ante la Agencia del Ministerio Público por el serio daño patrimonial que esta acción representa.

La fiscal municipal, dijo que en ese entonces el particular vuelve a demandar, esta vez para exigir una cantidad estratosférica en virtud del daño a su patrimonio ante el dinero otorgado y no devuelto como se había comprometido.

“El caso es que no defiende correctamente y es por eso que ahora como Ayuntamiento estamos obligados a pagar 228 millones, por un solo un millón y no es justo que el entonces síndico haya asumido una responsabilidad sin la autorización del cabildo porque se requería de la aprobación del cuerpo edilicio para comprometer a la administración pública siendo que sólo era representante jurídico para representar al Ayuntamiento y él no tenía la calidad legal para convenir esta serie de situaciones”, precisó la funcionaria municipal.

Además, destacó que la denuncia obedece a la resolución del Juzgado Tercero Civil de Mexicali, en relación a los incidentes de cumplimiento de convenio, gastos y costas, mismas resoluciones que causaron estado o cosa juzgada desde 2015; que obligan al Ayuntamiento a pagar la cantidad multicitada de 228 millones 185 mil pesos, relacionados con el predio donde hoy se encuentra la Comandancia Regional Margarito Saldaña Rivera y la Unidad Deportiva José Santos Meza.

Ex servidores públicos actuaron negligentemente, acusó, al omitir invocar excepciones al contestar la demanda, no negaron las prestaciones, no señalaron domicilio procesal en Mexicali, y al celebrar el convenio donde el ex síndico Procurador asume la deuda de Gobierno del Estado, no fue autorizado o validado dicho convenio por el Cabildo del Ayuntamiento de Tijuana, además que el ex síndico reconoció pagar intereses, cuando éstos ya habían sido renunciados por el particular que firmó el contrato de promesa de compraventa.

Al filo de las 12:00 horas la síndico procuradora se presentó en el MP para denunciar este quebranto al patrimonio municipal no sin antes advertir que en este viejo asunto:

Anteriores administraciones no atendieron los llamados de la Consejería Jurídica y existen muchas irregularidades en la forma como contestaban las demandas o simplemente no contestaban, razón por la que estamos presentando esta denuncia contra quien resulte responsable”, puntualizó la Síndico Procuradora Marcela Guzmán.