Reformar la Ley del Notariado pide Bernardo Padilla

Propone que ningún diputado local o presidente municipal pueda aspirar a ejercer el servicio de notario público sino hasta un año después de que concluya su gestión

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MEXICALI, EP, 10/11/2017.- Con el propósito de que los próximos notarios cumplan plenamente con las características de imparcialidad, plena autonomía e independencia del poder público, el diputado Bernardo Padilla Muñoz (PRI) presentó iniciativa de decreto para reformar la Ley del Notariado en el Estado de Baja California.

Padilla Muñoz, puntualizó que la presente proposición estipula que ningún diputado local o presidente municipal, pueda aspirar a ejercer el servicio de notario público sino hasta transcurrido un plazo de un año, contado al término del último día de su función.

Durante su exposición de motivos, el legislador precisó que el notario público, por ministerio de ley, es un profesional del Derecho, investido de fe pública, cuyo principal objetivo es brindar seguridad jurídica y certeza en los actos y hechos de los que da fe, manteniendo siempre un alto nivel de profesionalismo, total imparcialidad con los prestatarios del servicio y plena autonomía en sus decisiones.

El presidente de la Comisión de Reforma de Estado y Jurisdiccional mencionó: “El Estado debe asegurarse de ser garante que aquellos investidos de la fe pública, brinden su servicio con las características señaladas. La delicada y trascendental función notarial no puede estar sujeta a suspicacias o entredichos”.

El congresista del revolucionario institucional argumentó que de acuerdo al numeral 11, las funciones de Notario son incompatibles con todo empleo, cargo o comisión públicos.

En este sentido, detalló que la propuesta presentada se armoniza con la tesis emanada de los Tribunales Colegiados de Circuito del Poder Judicial de la Federación en la Tesis 159857, en materia administrativa, perteneciente a la décima época, la cual argumenta que se colige que la prohibición prevista en la hipótesis de obtener alguna ventaja consiste en vedar durante un año posterior al fin del empleo, cargo o comisión, la posibilidad de que a un servidor público se le ubique en una posición superior, mejor, respecto de otra persona, como consecuencia de las funciones públicas que desempeñó.
La proposición fue turnada a la Comisión de Justicia de la XXII Legislatura para su análisis jurídico, a fin de revisar su viabilidad y dictaminar en consecuencia.