“Un gran avance a la Ley de Justicia Electrónica”: MIDM

Sin duda fortalecerá la impartición de justicia en nuestro Estado Sin embargo, observan un apartado discriminatorio por lo que hacen un llamado a cambiar dicho apartado

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TIJUANA, BC, 06 DE JUNIO DE 2020.- Después de un análisis profundo a la Iniciativa de proyecto de decreto a la Constitución local presentada por el Dip. Juan Manuel Molina García, denominada como Ley de justicia electrónica a distancia, el Colegio de Abogados de Tijuana A.C., que preside la Dra. María Isabel Díaz Montes, considera que se trata de un gran avance.

Díaz Montes, señaló que si bien es cierto, el Artículo 73 de la Constitución Federal faculta al Congreso de la Unión para legislar en materia procesal civil y familiar por medio de un Código Nacional de Procedimientos Civiles que todos los Abogados han esperado con ansias desde hace 3 años, por lo que hasta ahora se encuentra legislado al respecto en nuestro Código de procedimientos civiles continua vigente y podrá complementarse con esta Reforma a la Constitución de nuestro Estado como lo es La Ley de justicia electrónica y a distancia.

“Sin duda viene a fortalecer al avance en la implementación del Tribunal electrónico que desde el pasado mes de abril hemos venido impulsando varios Colegios, Barras y Asociaciones de Abogados, mediante escritos dirigidos al Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado y al Señor Gobernador para que tuvieran a bien coadyuvar en la obtención de los recursos necesarios para lo que se requiere para el tribunal electrónico, así como para la reapertura de manera escalonada de los Juzgados civiles y familiares”.

La Presidenta del Colegio de Abogados de Tijuana, también argumentó que se le hizo llegar al Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, un escrito con sugerencias para las medidas de seguridad e higiene para evitar contagios por efectos de la pandemia que nos aqueja mundialmente, además de sostener dos reuniones virtuales para, de viva voz, aportar sugerencias para la reapertura de los juzgados y darle seguimiento a temas de interés para ambas partes.

“Todo con la idea que avancemos a la modernidad y ofrecer a los justiciables una justicia pronta y expedita tal como lo prevé el artículo 17 de nuestra carta magna”.

Sin embargo, Díaz Montes indicó que el Colegio de Abogados de Tijuana, observa que a pesar de que dicha Ley contiene muchas bondades que beneficiarían la impartición de justicia y que su elaboración fue de buena fe por parte de las autoridades correspondientes, al revisarlo se percataron que dicha Iniciativa contiene un apartado discriminatorio.

La dirigente de los abogados, dijo lo anterior, ya que lejos de establecer de manera precisa medidas para proteger a los usuarios que deben asistir a los Tribunales, audiencias y diferentes diligencias que se llevan a cabo en dicho recinto judicial, en el cuerpo de la Ley se prohíbe la entrada a personas mayores de 65 años o con algún tipo de enfermedad como diabetes mellitus, insuficiencia hepática, insuficiencia renal, enfermedad cardiaca, hipertensión arterial, pulmonar, insuficiencia renal, lupus, obesidad, mujeres embarazadas, mujeres en período de lactancia, cuando lo más indicado sería tomar medidas sanitarias en los edificios y en las instalaciones.

Las medidas de higiene en los edificios, juzgados y salas de justicia, debe ser en forma permanente para prevenir contagios, como por ejemplo que todo aquel que desee ingresar lo haga con su cubre bocas, se le tome la temperatura por mecanismos sin tocar el cuerpo de la persona, establecer filtros sanitarios y se dote de más recursos a los organismos públicos con la intención que sanitasen sus instalaciones para evitar el riesgo de contagio.

“Y así de ninguna manera prohibir el acceso a ciertos grupos como lo están previendo, ya que lo consideramos discriminatorio y se estaría atentando contra el derecho constitucional al trabajo y al libre ejercicio de la profesión, por lo que hacemos un llamado para que impere la voluntad política de todos los poderes para que de esta manera podamos tener un progreso real en lo referente a la justicia electrónica y a distancia y que el Poder Judicial tenga un avance significativo para beneficio de funcionarios, litigantes y, por supuesto, de los justiciables”.