Atoró la Policía Ministerial a dos sujetos por delitos sexuales

En casos diferentes las víctimas son jovencitas de 12 y 13 años de edad

0
778

TIJUANA, EP, 21/04/17.- Agentes de la Policía Ministerial del Estado, adscritos a la Unidad de Aprehensiones, cumplimentaron dos órdenes de aprehensión en contra de dos personas, quienes, en casos diferentes, son presuntos responsables de los delitos de violación y abuso sexual.

En el primer caso, el indiciado responde al nombre de Isidro “N”, de 59 años de edad, él es acusado de violación agravada.

La ofendida, declara que el inculpado abusó de ella en el año de 2015, pero por miedo decidió no contarlo a sus familiares, fue hasta el pasado mes de octubre de 2016, cuando la hermana de la víctima observó a Isidro “N”, salir de la recamara de la afectada, por lo cual optó por contar a su mamá lo que había visto, y ella a su vez contó a su esposo.

Una vez que platicaron con la menor, y ella les contó los abusos de que era víctima desde hacía varios meses, denunciaron los hechos ante el Ministerio Público, logrando consignar el caso ante el Juzgado Primero de lo Penal, y obtener la orden de aprehensión que cumplimentó la Policía Ministerial del Estado.

En el segundo caso, el detenido es José “N”, él es acusado por una menor de edad, quien señala que el inculpado la tocaba desde que ella tenía 6 años, pero optó por no contar nada para evitar problemas familiares, fue hasta la edad de 13 años, cuando su madre sorprendió al sujeto tratando de abusar de la menor, por lo que sacó al sujeto del domicilio.

Luego de esto, la jovencita decidió contarle a su familia como José “N”, tocaba sus partes íntimas, cuando se encontraban solos, la última vez en abril del 2016.

Por este motivo, acudieron al Ministerio Público a denunciar los hechos, logrando una vez que se integró el acta correspondiente consignar el caso ante el Juzgado Penal Tercero de lo Penal, y obtener la orden de aprehensión correspondiente.

Por lo anterior, los aprehendidos quedaron internados en la Penitenciaria del Estado en La Mesa, quedando a disposición de los juzgados penales que los reclaman, y quienes habrán de determinar su situación legal.