By ExpPub
TIJUANA, BC, 20 DE OCTUBRE DE 2022.- Diputados locales de Morena “cocinan” en secreto, desde hace dos semanas, una iniciativa de ley que pretende regular e implementar el negocio de vientres de alquiler en Baja California, con lo que nuestro estado se convertiría en la tercera entidad de la República Mexicana –después de Tabasco y Sinaloa– en tener una legislación retardataria en ese sentido, advirtieron organizaciones Pro Vida y el colectivo feminista CMujer.
Por primera vez, un organismo promotor del derecho al aborto como lo es CMujer, y sus antagónicos, los grupos Pro Vida, “defensores de la vida desde su concepción hasta la muerte natural”, se unieron para exigir a los legisladores de Movimiento de Regeneración Nacional, que son mayoría en el Congreso local, y a la propia gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, detener esta iniciativa que de aprobarse, impulsará, la trata de personas y la “cosificación” de las personas, mujeres y bebes, que con esta ley tendrán el estatus de mercancía.
Viridiana Román, dirigente de CMujer y Marcela Vaquera, representante del Frente Nacional por la Familia en Baja California, al igual que otras dirigentes de Grupos Pro Vida, en conferencia de prensa rechazaron también la convocatoria “para la elección de la directora o director del Instituto de la Mujer para el Estado de Baja California”, publicada en medios el 13 de octubre pasado, pues destacaron que sería una incongruencia nombrar a un hombre –aún en el caso de que fuera “un hombre vestido de mujer” –, al frente de una institución que se encarga de los asuntos de las mujeres.
Sin embargo, hicieron énfasis en el otro tema: el de que desde hace unas dos semanas, en secreto, diputados de Morena que aún no están plenamente identificados, están elaborando una iniciativa para permitir el alquiler de vientres en Baja California, situación que significaría un paso más hacia la degradación de la sociedad y el consecuente fomento del tráfico de personas y la “cosificación” de mujeres y bebés, en beneficio de tramitadores, médicos, clínicas médicas y autoridades, quienes obtendrían jugosas ganancias a costa del tráfico humano.
Destacaron que hoy en día esas leyes ya han sido aprobadas en los estados de Tabasco y Sinaloa y que en el la entidad del sureste mexicano ya se han dejado sentir entre la sociedad los estragos de dicha legislación que como país nos lleva a un retroceso pues naciones más avanzadas, de Europa por ejemplo, han derogado tales ordenamientos legales, por ir en contra de los principios de sus sociedades.
Históricamente –remarcaron–, la renta de vientres es un negocio basado en un pacto desigual entre las personas capaces de pagar el alquiler de un cuerpo por nueve meses y mujeres en situación vulnerable que alquilan sus vientres por necesidades económicas.
Este negocio lleva consigo el aislamiento de las mujeres en granjas, donde permanecen separadas de sus familiares y se someten a lo que las empresas les ordenan, además de que pueden experimentar secuelas a largo plazo como ovario poliquistico y cáncer, debido a que se someten a altas dosis de hormonas, adicional a que se generan secuelas psicológicas en las mujeres que llevan al bebé en el vientre y deben entregarlo al nacer.
Los Grupos Pro Vida y la representante del colectivo feminista CMujer exigieron a los diputados locales y a la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, un “alto al borrado de mujeres y a su explotación reproductiva”, dejando de impulsar leyes que perjudican, y en cambio generando políticas de apoyo que se requieren urgentemente en esta entidad que encabeza a nivel nacional los casos de violencia de género en contra de las mujeres.
