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TIJUANA, BC, 31 DE OCTUBRE DE 2022.- Como parte de su programa de actividades el diputado Sergio Moctezuma, hizo entrega en Oficialía de Partes del Congreso, de una iniciativa para reformar la Ley del Registro Público de la Propiedad y Comercio para el Estado de Baja California, en el que asienta la responsabilidad para que los registradores y subregistradores verifiquen la autenticidad de los documentos que sean presentados para su registro.
Al respecto, el legislador del Grupo Parlamentario de Morena, manifestó en su exposición de motivos que, desafortunadamente los infractores de la ley no descansan, y encuentran nichos de oportunidad en cualquier actividad, incluyendo la jurisdiccional y registral.
“Así, por ejemplo, nos encontramos con escrituras públicas que no existen en el protocolo de ningún fedatario, sentencias que no corresponden a ningún juicio ventilado previamente, que de igual manera son inscritas afectando la partida registral y los derechos previamente constituidos”, precisó.
Hizo hincapié, en que la iniciativa no pretende trastocar la naturaleza ni la validez de los documentos públicos, sólo se procura que se lleve a cabo una verificación de estos antes de procesarlos administrativamente, aun cuando podría presumirse la buena fe de los registradores y subregistradores.
De tal forma, que es necesario implementar mecanismos preventivos en contra de la falsificación de documentos públicos, para evitar, en la medida de lo posible, que dichos funcionarios inscriban documentos falsos, ya sea de manera dolosa o culposa, sin haberse cerciorado previamente de su autenticidad, asentó.
Sergio Moctezuma, dijo que este tema ha sido un clamor por parte de barras y colegios de abogadas y abogados del Estado, ya que en la reunión sostenida el día 19 de septiembre del año en curso, le manifestaron que en su actividad diaria de litigio, se encuentran con una gran cantidad de documentación apócrifa.
Mencionó, que lo anterior provoca una afectación a los derechos de sus representados y la instauración de juicios, cuya duración puede resultar en varios meses o años, para que la persona afectada logre ser restituida en el goce y disfrute de sus derechos.
